Por: Yery Menéndez García y Jessica Domínguez.

En Cuba la información, la comunicación y los datos son “recursos estratégicos del estado” [1] y “asunto de seguridad nacional” [2]. En la práctica, pero también en la mayoría de los documentos normativos del país, queda establecida la propiedad estatal sobre el capital simbólico de la nación.

A lo anterior se suman niveles de acceso y existencia de plataformas de redes telemáticas considerados entre los más bajos del planeta, importantes restricciones internacionales para el acceso a infraestructura, financiamientos, circuitos de telecomunicaciones y conectividad, y la existencia de programas que usan las TICS para intentar desestabilizar abiertamente al gobierno cubano.

Ante este contexto, y debido a los altos precios de conexión, grupos ciudadanos desarrollan prácticas de circulación de información que se adaptan a un contexto híbrido (off-on line). Estas iniciativas asumen un carácter autónomo, deslocalizado y auto gestionado e intentan satisfacer demandas diarias fuera de los mecanismos del estado. Algunas de las más relevantes en los últimos diez años son:

1. Nuevos medios alternativos de comunicación

Un grupo de jóvenes periodistas graduados de universidades cubanas y otros profesionales están utilizando un grupo de recursos socio-técnicos para generar otras matrices de información.

Estas nuevas plataformas de información de interés público vienen a llenar vacíos dejado por los medios oficiales, únicos permitidos de existir. Algunos actúan como proyectos sombrilla o repositorios, albergando otras iniciativas ciudadanas de información.

Durante diez años y ante carencias de acceso a redes para resolver cuestiones infraestructurales, de fortalecimiento de capacidades y de acceso a fuentes, estas iniciativas han desarrollado formas de gestión creativas e innovadoras en concordancia con las más recientes tendencias globales.

A pesar de esto, la principal fuente de financiamiento de estos proyectos continúa siendo donaciones y becas provenientes de organizaciones internacionales. Este sigue siendo el principal punto de ataque usado para desacreditarlos por representantes del gobierno.

Entre los más relevantes y reconocidos se encuentran:

• On Cuba, una plataforma en inglés y español dirigida, sobre todo a la comunidad cubana emigrada.
• El Toque, un medio generalista, enfocado principalmente a los jóvenes y gestionado por jóvenes que cuenta historias de ciudadanía. El Toque pertenece a un grupo mayor de “emprendimientos de comunicación” reunidos dentro del Colectivo +Voces y que incluye también una radio digital llamada “El Enjambre” y un suplemento de humor gráfico, Xel2.
• Periodismo de Barrio, una revista dedicada a tratar temas medioambientales y vulnerabilidades sociales.
• El Estornudo, medio especializado en periodismo literario.
• Joven Cuba y La Tizza, ambos son blogs colaborativos para promover el debate político.

Todos estos medios tienen como principal forma de socialización sus portales online. Pero desde que la distribución de formatos impresos es prohibida por el código penal cubano y el acceso online es caro, estos medios han tenido que innovar en sus interacciones con sus comunidades. La manera fundamental que han encontrado es la creación de una base de datos que se descarga una vez por semana. Con la base de datos descargada se actualiza la aplicación móvil de los sitios y desde entonces se puede acceder a todo el contenido offline.

Existe una clara diferencia entre estos medios y los medios abiertamente opuestos al gobierno de la isla. Los primeros están enfocados en producir información fuera de la égida del departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba, estructura encargada de regular toda la producción simbólica del país, mientras los segundos subordinan la información que producen a su activismo político.

2. El paquete semanal

El paquete es un producto-servicio que capitaliza redes sociales ya desarrolladas y las extiende. Si bien el objetivo final de esta expresión socio-técnica es el lucro y no la práctica de sentido de ciudadanía, si vale la pena comprender como esas redes de datos interactúan con redes sociales y como son producidas socialmente.

Dentro del paquete se recopila alrededor de 1 terabyte de contenido pirata, semana por semana. Este contenido se descarga de internet desde diferentes nodos o matrices que todo el mundo conoce, pero que permanecen ocultas, como secretos a voces. Una vez descargado el contenido, se entrega a un grupo de personas que a su vez, lo distribuyen mediante discos extraíbles a otras ciudadanos y así sucesivamente, por módicos precios.

De esta manera, en una especie de bola de nieve, los cubanos tienen acceso a internet offline y se mantienen actualizados de todo cuanto acontece en materia de información. Los contenidos del paquete incluyen desde cine hasta publicidad no permitida en los canales oficiales cubanos; desde música hasta bases de datos de otras plataformas de todo tipo. El paquete semanal es la principal forma de distribución de los medios y revistas mencionados anteriormente y de otros tantos, religiosos, humorísticos y políticos que no tienen otros espacios donde posicionarse.

La mejor descripción para el paquete es la de fenómeno híbrido de socialización de datos que media entre interacciones sociales no dependientes de algoritmos. Para la realidad semi-conectada de Cuba, el paquete semanal es hoy el recurso de distribución más popular y asequible. Y aunque no es legal, su carácter reticular, su distribución por nodos y de mano a mano y la calidad en la gestión y jerarquización de sus contenidos, hace imposible para las autoridades detenerlo completamente.

3. The Street Network

La SNET (Street Network, por sus siglas en inglés) o Red de la calle, fue otra popular experiencia de distribución de contenidos y de creación de comunidades que, a diferencia del paquete, no tenía ánimo de lucro. En esta red, conectada por cables y Wi-Fi, sus “miembros” comenzaron a agruparse en nodos por toda la Habana con la intención de jugar partidas online. Con el paso del tiempo, la SNET fue creciendo y perfeccionando en estructura y organización, llegando a otras provincias del país. Y su objetivo primario pasó de ser el espacio de la comunidad gamer cubana a convertirse en un esquema para la generación de prácticas conectadas de ciudadanía mediadas por software.

La SNET, a pesar de ser un tejido ilegal, desarrolló un complejo sistema jerárquico, principios y éticas de funcionamiento bien establecidas, llegando a desplegar un nivel de infraestructura de red nunca antes visto, fuera de los márgenes del estado.

Convertida en un verdadero movimiento de activismo de datos, en 2019 el gobierno trató de institucionalizarla dentro de los Jóvenes Clubs de Computación y Electrónica. Este intento de cooptar la iniciativa generó protestas y demostraciones públicas que llevaron al gobierno, por primera vez, a sostener diálogos y llegar a consenso con los representantes de los nodos de SNET. A pesar de los acuerdos entre ambas partes, la red está hoy casi extinta.

4. Articulaciones ciudadanas en redes sociales

En enero del pasado 2019 un tornado azotó la Habana devastando el ya vetusto fondo habitacional de la capital cubana. Luego de este fenómeno natural, una oleada de ciudadanos organizados congregaron a cubanos residentes y emigrados para brindar ayuda a los necesitados. Convocándose principalmente mediante Facebook, se crearon directorios colaborativos con los contactos de aquellos dispuestos a ayudar, bases de datos abiertas con los nombres y datos demográficos de los más necesitados e iniciativas de mapping para localizar los lugares donde fue mayor el daño.

Esta iniciativa fue, en su mayoría, impulsada por jóvenes profesionales y artistas. El nivel de movilización demostrado superó a las capacidades del estado, el que una vez más trató de institucionalizar las ayudas. En este caso, el movimiento siguió operando paralelo a los esfuerzos estatales y solo concluyó una vez que la mayoría de las personas afectadas recibieran kits básicos de apoyo.

5. Plataformas comerciales

También existe una extensiva red de repositorios comerciales colaborativos como Revolico.com que intentan generar una alternativa dinámica al desprovisto mercado oficial. En estos repositorios se crea, gestiona, jerarquiza, recupera y socializa información referente a bienes y servicios que son adquiridos con otros bienes y servicios, moderados por reglas que toda la comunidad que utiliza la plataforma debe seguir.

En una situación de a-legalidad conviven estas comunidades de interpretación, creación y resistencia ante la información estatalizada. Ante un estado centralizador, estas nuevas relaciones sociales de producción dirigidas a llenar vacíos de sentidos que no pueden ser llenados de otra manera, mediadas o no por algoritmos; representan hoy alternativas cada vez más articuladas, populares y endógenas y de eso depende enteramente su supervivencia.

[1] Lineamientos de la política social del Estado (PCC, 2011, updated in 2016)

[2] Decreto Ley 370 de MInisterio de Información y Comunicaciones

Biografía 

Yery Menéndez García es periodista y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. MA in Media Practice for Development and Social Change por la Universidad de Sussex en Reino Unido. Gestora de Audiencias en el medio independiente cubano El Toque.

Por Ulises Alí Mejías

(An English version of this article appeared in Al Jazeera on December 2019)

Introducción 

Las grandes empresas de tecnología están extrayendo datos de sus usuarios en todo el mundo, sin pagarles por éstos. Es hora de cambiar esta situación.

Abstract

Big tech corporations are extracting data from users across the world without paying for it. This process can be called “data colonialism”: a new resource-grab whereby human life itself has become a direct input into economic production. Instead of solutions that seek to solve the problem by paying individuals for their data, it makes much more sense for countries to take advantage of their scale and take the bold step to declare data a national resource, nationalise it, and demand that companies like Facebook and Google pay for using this resource so its exploitation primarily benefits the citizens of that country.

Nacionalización de datos 

El reciente golpe de estado en Bolivia nos recuerda que los países pobres, pero que son ricos en recursos naturales, continúan siendo plagados por el legado del colonialismo. Cualquier iniciativa que pretenda obstruir la capacidad de las compañías extranjeras para extraer recursos de manera barata se arriesga a ser prontamente eliminada.

Hoy, aparte de los minerales y el petróleo que abunda en algunos rincones del continente, las empresas están persiguiendo otro tipo de recurso, uno que quizás es más valioso: los datos personales. Al igual que los recursos naturales, los datos personales se han convertido en el blanco de ejercicios extractivos llevados a cabo por el sector dedicado a la tecnología.

Como el sociólogo Nick Couldry y yo hemos argumentado en nuestro libro, Los costos de la conexión (The Cost of Connection: How data is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism – Stanford University Press), hay un nuevo tipo de colonialismo emergiendo en el mundo de hoy: el colonialismo de los datos. Con este término queremos sugerir que estamos observando una nueva ola de apropiación de recursos en la cual la vida human en sí misma, expresada en los datos extraídos desde los mismos usuarios, se convierte en una aportación directa a la producción económica.

Reconocemos que este concepto puede resultar controversial dada la extrema violencia física y las estructuras aún presentes del racismo colonial histórico. Pero no queremos decir que el colonialismo de datos es igual al colonialismo histórico. Más bien, que la función esencial del colonialismo es justamente la misma. Esa función fue -y sigue siendo- la extracción, la explotación, y la apropiación de nuestros recursos.

Como el colonialismo clásico, el colonialismo de datos va transformando violentamente las relaciones sociales en elementos de producción económica. Elementos como la tierra, el agua, y otros recursos naturales fueron valuados por los primeros pueblos en la era precolonial, pero no de la misma manera que los colonizadores -y más tarde los capitalistas- llegaron a valorarlos, es decir, como una propiedad privada. De la misma manera, estamos viviendo en una situación en la que cosas que antes estaban fuera de la esfera económica -tales como las interacciones privadas con nuestros amigos y familiares, o nuestros archivos médicos- ahora han sido privatizadas y convertidas en parte del ciclo económico de la extracción de datos. Un ciclo que claramente beneficia principalmente a unas cuantas grandes empresas.

¿Pero qué pueden hacer los países de este “Sur Global” para evitar la explotación del colonialismo de datos?

Soluciones para el Sur Global

Una clara opción para este conjunto de países sería la de promulgar propuestas como las del escritor Jaron Lanier y el candidato presidencial estadounidense Andrew Yang, quienes han sugerido que cada uno de nosotros debería ser remunerado por los datos que producimos, a través de algún mecanismo de compensación. Pero estas propuestas neoliberales que buscan resolver el problema a nivel individual pueden al mismo tiempo diluir el valor de los recursos agregados. Si enfrentamos el problema así, los pagos a los usuarios serán difíciles de calcular, y tal vez muy pequeños.

En vez de esto, es mucho más lógico que los países del Sur Global aprovechen su tamaño y posición en el escenario internacional y tomen el paso audaz de declarar los datos generados por sus ciudadanos como un recursos nacional, demandando que compañías como Facebook o Google paguen por utilizar este recurso. Así, los principales beneficiarios del uso de datos personales serían justamente los ciudadanos que los producen.

Hagamos unos cálculos utilizando a México como un ejemplo: Facebook cuenta con 54.6 millones de usuarios en este país. En promedio, cada usuario global produce para Facebook $25 dólares al año en ganancias, lo que representa alrededor de $1.4 billones de dólares que la compañía se termina embolsando gracias a los mexicanos. Supongamos entonces que México nacionalizara sus datos y por lo tanto demandara quedarse con una parte substancial de esta suma. Y supongamos, ya que estamos haciendo este ejercicio, que arreglos similares se aplicaran al mismo tiempo con compañías como Google, Amazon, TikTok, etc.

Con billones de dólares recuperados a través de la nacionalización de los datos, el gobierno mexicano podría invertir en el desarrollo de campos como la salud, la educación, o la crisis migratoria por la cual atraviesa el país actualmente.

Sin embargo, una cosa es segura: cualquier intento de nacionalizar los datos por los países que conforman el Sur Global se enfrentaría con una intensa oposición. México nacionalizó su petróleo en 1938, gracias a una acción realizada por el presidente Lázaro Cárdenas, hoy considerado un héroe nacional, que enfureció a las compañías extranjeras. Lo anterior resultó en el boicoteo inmediato por parte de Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda, y otros países. México solo podría librarse de esta situación por el eventual estallido de la Segunda Guerra Mundial.

También está el ejemplo de Chile. Salvador Allende amenazó en la década de 1970 con nacionalizar el sector telefónico, (que en ese minuto era controlado por la compañía norteamericana International Telephone & Telegraph), así como otras industrias. Antes de que se pudiera llevar a cabo, la CIA organizó un golpe de estado en 1973 que terminó con la muerte de Allende y una dictadura que duraría hasta 1990.

Y a Evo Morales, que experimentó con formas blandas de nacionalización que beneficiaron a los sectores más pobres de Bolivia mientras que mantenían a los inversionistas extranjeros moderadamente satisfechos, ahora lo han sacado por la fuerza de su país. No ayudó a su causa el hecho de que Morales, en un acto controversial, enmendó la constitución para poder volver postular a la presidencia luego de servir los dos periodos que ya eran permitidos por la ley boliviana.

Cualquiera sea el caso, la derecha en Bolivia y en Estados Unidos hoy están celebrando lo que algunos ven como un desarrollo interesante en la lucha por el control de minerales como el litio o el indio, los cuales son esenciales para la producción de dispositivos electrónicos.

Aún si los países que decidieran nacionalizar sus datos sobrevivieran a la represalia esperada, la nacionalización de datos no pondría fin a la raíz del problema; la normalización y legitimación de las extracción de información que ya se encuentra en proceso.

El futuro de la nacionalización de datos 

La nacionalización de datos no detendrá necesariamente la colonización que vive la región. Por eso, es una medida que debe ser pensada y entendida como una respuesta limitada a un problema mayor. Este es la razón por la cual la nacionalización de datos debe tener como objetivo final la separación de la economía del Sur Global de esta nueva especie de colonialismo.

La riqueza recuperada podría utilizarse también para desarrollar infraestructuras públicas que brinden versiones menos invasivas o explotadoras de los servicios ofrecidos por las grandes compañías tecnológicas de China y Estados Unidos. Parece difícil imaginar hoy algunas de estas alternativas, pero ya existen modelos que el Sur Global podría adoptar para desarrollar servicios que respeten la privacidad del individuo y no abusen del deseo humano de socializar.

Para evitar la corrupción y la mala administración, la sociedad civil deberá estar directamente involucrada en la toma de decisiones sobre el futuro de esta riqueza, incluyendo la capacidad de bloquear aplicaciones y usos abusivos de parte de compañías extranjeras sobre los datos generados por ciudadanos. Son, después de todos, sus datos, y es el público el que deberá tener un asiento en la mesa cuando se decida de qué manera se pueden ocupar esos recursos.

La propuesta de nacionalización de datos, aunque parezca inalcanzable y poco práctica, nos obliga por los menos a cuestionar la extracción de datos que continúa de manera indiscutible, a veces bajo el pretexto de que es un tipo de progreso que nos beneficia a todos.

ULISES ALÍ MEJÍAS

 

Por Lucía Benítez Eyzaguirre

Resumen

La autonomía que van logrando los algoritmos, y en especial la inteligencia artificial, nos obliga a repensar los riesgos de la falta de calidad de los datos, de que en general no estén desagregados y los sesgos y aspectos ocultos de los algoritmos. Las cuestiones de seguridad y éticas están en el centro de las decisiones a adoptar en Europa relacionadas con estos temas. Todo un reto, cuando todavía no hemos logrado ni la soberanía digital.

Abstract

The autonomy that the algorithms are achieving and, especially, artificial intelligence forces us to rethink the risks of lack of quality in data, the fact that in general they are not disaggregated, and the biases and hidden aspects of the algorithms. Security and ethical issues are at the center of the decisions to be taken in Europe related to these issues. It looks like a big challenge, considering that we have not yet achieved even digital sovereignty.

IA y soberanía digital

Los algoritmos organizan y formatean nuestra vida. Como si fueran un software social y cultural, éstos se van adaptando a los comportamientos humanos, y avanzan en su existencia autónoma. Sin embargo, vivimos de forma ajena a su capacidad de control sobre la desigualdad, sobre la vigilancia de nuestras vidas o al margen del desarrollo inminente del internet de las cosas o de la inteligencia artificial (IA): como si pudiéramos darnos el lujo de ignorar cómo se van independizando cada vez más de las decisiones humanas. Ahora, por ejemplo, por primera vez se ha planteado si habrá que modificar los criterios de patentes después de la intención de registrar como propiedad intelectual los inventos y diseños hechos por una inteligencia artificial. De momento, ni la Unión Europea (UE) ni el Reino Unido se han mostrado dispuestos a aceptar una iniciativa de este tipo sin un debate sobre el papel de la IA y del escenario de incertidumbre que esta situación abre.

Es en este contexto que comienza a oírse una pluralidad de voces que piden una regulación de las tecnologías asociadas a la IA; un freno al futuro de un desarrollo autónomo e inseguro. Algunas de las corporaciones de los GAFAM -el grupo que concentra las cinco empresas más grandes en tecnología en el mundo-, como Microsoft o Google ya han pedido esta regulación. Es más, incluso pareciera que estos gigantes tecnológicos comienzan a avanzar hacia la autorregulación en cuestiones éticas o de responsabilidad social, a la vista del impacto que no hacerlo puede tener sobre su reputación. La cuestión para la UE supone valorar y reconocer los riesgos del devenir incontrolable de la IA, sobre todo en asuntos como la salud o la vigilancia. De ahí que parece que el reconocimiento facial en lugares públicos se frenará en los próximos años en algunos países de Occidente, para así prevenir los riesgos detectados en China.

Para combatir los riesgos de la IA hay que comenzar por asegurar la calidad de los datos y los algoritmos, investigar sobre los sesgos que producen y la responsabilidad sobre los errores y criterios. La IA se entrena en muchos casos con datasets no desagregados y a menudo ya sesgados, por lo que conducirá a algoritmos deformados y poco representativos de la población y a desarrollos parciales, de baja calidad y dudosos resultados. Frente al cada vez más numeroso trabajo que se realiza con datos masivos, apenas hay estudios técnicos sobre su impacto humano y social. Por lo mismo, trabajos como los del profesor Matthew Fuller son un clásico recurso para tomar conciencia de la importancia de la transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos. Fuller plantea la aplicación de sistemas que garanticen la condición verdadera de los resultados, la mejora del modelo a partir de un mayor número de conexiones, un funcionamiento que muestre las conexiones sociales o que ponga en evidencia que a menudo se supera la capacidad de los propios sistemas que se analizan con algoritmos.

Si queremos atender a los riesgos de la IA hay que comenzar por el logro de la “gobernabilidad algorítmica”. Este concepto supone la prevención del abuso y del control con el que los algoritmos regulan nuestra vida o con el que la programación rige nuestro quehacer, nuestras rutinas. Esta gobernanza es una garantía de la transparencia, con la supervisión colectiva de usuarios y empresas de los resultados, y la responsabilidad ante el uso de la información. Los algoritmos deben garantizar la transparencia y calidad de los datos (concepto conocido como open data en inglés), ofrecer su propio código de fuente abierto, que sea auditable por sus usuarios y que pueda responder a las reclamaciones fruto de los controles ciudadanos. Pero también es imprescindible que el algoritmo sea leal y justo, es decir, que evite la discriminación que sufren las mujeres, las minorías, o cualquier otro colectivo desfavorecido. Y si se trata de un algoritmo en línea, hay que tener también en cuenta las API (Application Public Programming Interface) públicas porque condicionan tanto la recolecta de datos como la forma en que se aplican técnicas comerciales, que oculta cómo se apropian de la información.

Este espíritu también se recoge en la Declaración de Zaragoza de 2019 a partir del debate de profesionales y académicos sobre los efectos adversos, y los riesgos potenciales. Sin embargo, esta declaración también señala las recomendaciones de uso de la IA, da a conocer sus impactos y su evolución en la sociedad. Esto lo hace a través de cinco puntos sobre las dimensiones humana y social, el enfoque transdisciplinar con el que abordar la AI, la responsabilidad y el respeto a los derechos, a partir de un código deontológico propio.

La Declaración pone el acento en la necesidad de desarrollos para las políticas de interés público y la sostenibilidad, pero siempre a partir de sistemas trazables y auditables, con un compromiso con los usuarios para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y separar los defectos o desviaciones. En cuestiones éticas, la Declaración propone la formación de los programadores no sólo técnica sino ética, social y humanista, ya que los desarrollos de software también deben contemplar estas dimensiones, así como diferentes fuentes de conocimiento y experiencia.

La Declaración de Zaragoza también incluye un “derecho a la explicación” sobre las decisiones algorítmicas, siempre y cuando éstas entren en juego con los derechos fundamentales de las personas. A pesar del que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea ha avanzado en derechos digitales, todavía estamos muy lejos de una soberanía tecnológica al estilo de la francesa. Desde 2016, Francia se rige por la “Ley de la república digital” que impulsa los algoritmos auditables, la neutralidad de la red, la apertura de datos, la protección de la privacidad y lealtad de las plataformas con la información de sus consumidores, el derecho a la fibra y a la conexión a Internet, el derecho al olvido, la herencia digital, la obligación de informar de las brechas de seguridad detectadas, las multas en materia de protección de datos.

 

LUCÍA BENÍTEZ